Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Oaxaca, la diputada Irma Pineda  Santiago presentó en la tribuna un posicionamiento contundente respecto a la necesidad de proteger la integridad y los datos personales de los sectores más vulnerables a nivel municipal.

La iniciativa, que fue respaldada y aprobada por las y los integrantes de la LXVI Legislatura, se traduce en un exhorto dirigido a los 570 municipios de la entidad para asegurar que las autoridades locales y auxiliares actúen bajo un respeto irrestricto a los derechos humanos, con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La legisladora fundamentó su propuesta en incidentes recientes ocurridos en la Colonia Patria Nueva, perteneciente a la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo en Oaxaca de Juárez.

En dicho lugar se reportó la captación de imágenes de menores de edad en espacios públicos sin el consentimiento de sus tutores, así como la posterior difusión de estas fotografías a terceros bajo señalamientos no probados.

Para la diputada Pineda, estas acciones no solo vulneran el derecho a la intimidad y la protección de datos, sino que afectan directamente el libre desarrollo de la personalidad y la seguridad de las familias en sus propios barrios.

En su  posicionamiento, la diputada aclaró que este llamado no busca descalificar el trabajo de las autoridades auxiliares ni de los comités de vigilancia comunitaria, cuya labor reconoció como fundamental para el orden social.

Sin embargo, subrayó que la seguridad ciudadana no puede construirse a costa de la dignidad humana ni mediante la vigilancia arbitraria de espacios de esparcimiento, como canchas deportivas. Por ello, el exhorto invita formalmente al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a implementar programas de capacitación inmediata en materia de perspectiva de género y derechos de la infancia para el personal de la Agencia de Pueblo Nuevo y su comité de vigilancia.

Reafirmó que la capacitación no debe verse como una sanción, sino como una herramienta preventiva y una acción afirmativa para consolidar una cultura de legalidad.

Al aprobar este punto de acuerdo, los diputados enviaron un mensaje unificado a todo el estado: la protección de la infancia y la privacidad no son temas negociables.

La resolución subraya que toda autoridad, sin importar su jerarquía, tiene la obligación constitucional de garantizar que los espacios públicos sean lugares seguros donde el ejercicio de la vigilancia comunitaria no se traduzca en una violación a los derechos fundamentales.