Oaxaca.- El 16 de diciembre, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente tanto mexicanas como europeas nos reunimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llevar a cabo el 11° Seminario con Organizaciones de la Sociedad Civil que ocurre en el marco del XIII Diálogo de Alto Nivel de Derechos Humanos México - Unión Europea (UE), un mecanismo que se ha sostenido por más de trece años como una buena práctica, y un importante canal formal de interlocución, involucrando significativamente a la sociedad civil.

El objetivo del Seminario es dialogar acerca de las necesidades que existen en materia de derechos humanos, buscando aportar elementos al diálogo entre las autoridades de ambas latitudes, que abonen a ajustar las políticas públicas y alinear la cooperación para cumplir con las obligaciones de garantizar los derechos fundamentales en México y la Unión Europea. En este espacio se quiere reafirmar la importancia de una red internacional de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales.

Desde su primera edición, este espacio ha evolucionado con los aportes que desde las organizaciones hemos colocado, y que seguimos impulsando, con la intención de que el seminario tenga la mayor trascendencia en el intercambio y los acuerdos alcanzados entre las autoridades mexicanas y europeas en el marco del diálogo político, así como en las prioridades de cooperación, y el impacto efectivo en el ecosistema de los derechos humanos.

A lo largo de la jornada, organizaciones de la sociedad civil compartimos análisis críticos sobre la situación de los derechos humanos en ambas regiones y formulamos decenas de recomendaciones en múltiples ámbitos, entre represión policial y criminalización de la protesta social; protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; uso de tecnologías de vigilancia sin salvaguardas adecuadas; devastación ambiental; responsabilidad empresarial y transición energética, entre otras problemáticas urgentes.

De igual forma, alertamos sobre el cierre progresivo del espacio cívico, la criminalización de la solidaridad y la erosión del Estado democrático de Derecho, tanto en países de la UE como en México, y el avance de marcos normativos que obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y atentan contra el goce de los derechos humanos y las libertades. A ello se suman los recortes a la cooperación internacional, su creciente securitización e instrumentalización y los impactos de políticas europeas, como el Global Gateway, que pueden tener impactos directos en comunidades y territorios fuera de Europa como México.

Sin embargo, también identificamos áreas de oportunidad y mejora en este ejercicio. A lo largo del Seminario observamos la ausencia de altos funcionarios por parte de la UE, lo cual resulta preocupante, ya que transmite la impresión de que este espacio se reduce a un ejercicio meramente formal o de cumplimiento, sin reflejar un compromiso genuino con la escucha activa, el intercambio sustantivo de recomendaciones ni la rendición de cuentas; así como la ausencia de funcionarios de la UE que puedan responder y prestar cuentas sobre el cumplimiento de derechos humanos y fundamentales al interno de la Unión.

Reiteramos que la presencia, tanto de las autoridades mexicanas como europeas de alto nivel en este espacio es fundamental. Año con año hemos subrayado que su participación y la interlocución con las organizaciones es un componente indispensable para garantizar que las preocupaciones, evidencia y propuestas de la sociedad civil sean tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisión.

En ese mismo sentido, expresamos nuestra disposición a colaborar en el fortalecimiento del Seminario, mediante el desarrollo de metodologías más eficaces y de herramientas de seguimiento que sean verdaderamente inclusivas y participativas, y que permitan dar continuidad a las recomendaciones y peticiones formuladas. Defendemos, valoramos y reivindicamos espacios como este porque constituyen un canal imprescindible de diálogo directo entre autoridades y sociedad civil, fortalecen la confianza institucional y permiten construir respuestas conjuntas basadas en evidencia frente a los desafíos en materia de derechos humanos.

A partir de lo anterior, las organizaciones solicitamos de manera prioritaria y puntual la consideración de cinco recomendaciones de carácter transversal, que pensamos son fundamentales y que deberán orientar la cooperación birregional:

1. Establecer un mecanismo de seguimiento conjunto entre la UE, el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, de manera estructurada y permanente, que garantice avances reales y rendición de cuentas sobre los acuerdos tomados entre cada sesión del Diálogo de Derechos Humanos.
2. Poner los derechos humanos en el centro de las relaciones entre México y la Unión Europea, de manera transversal y coherente, y en este sentido, fortalecer el componente de derechos humanos del Acuerdo Global México- UE, entre otros, garantizando la participación efectiva en los grupos consultivos de las organizaciones de la sociedad civil y comunidades de los territorios con actividades empresariales europeas.
3. Proteger de manera activa y robusta el espacio cívico, Estado de derecho y los derechos humanos, mediante acciones y políticas públicas, y contribuir a frenar las iniciativas y narrativas globales que atentan contra el Estado de derecho y la libertad de expresión, que obstaculizan y criminalizan la labor de la prensa y las personas defensoras de derechos humanos y de ambiente, tierra y territorio y organizaciones de la sociedad civil, en México y en la UE;
4. Por parte de la UE y sus estados miembros, detener los recortes en materia de cooperación internacional y priorizar recursos con el Estado mexicano y con las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos, para garantizar financiamiento estable, flexible y accesible para organizaciones, personas defensoras y periodistas tanto en México como en la UE.
5. Asegurar que la estrategia Global Gateway no reemplace la cooperación tradicional ni priorice intereses geopolíticos y comerciales por sobre el bienestar humano y los intereses de las comunidades locales. Estos proyectos deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental y social transparentes, inclusivas e integrales, consultas públicas y comunitarias efectivas, y mecanismos de quejas accesibles y transparentes. En lo que respecta a los Pueblos Indígenas, esto también incluye el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Amnistía Internacional

Antigone

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Brigadas Internacionales de Paz - Proyecto México

Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC)

Consorcio Oaxaca

Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México (DMRKM)