Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- En un avance sin precedentes hacia la justicia intercultural, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil setenció que el Gobierno de Oaxaca incurrió en una omisión inconstitucional al no traducir ni difundir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en lenguas originarias.

La resolución es el resultado de un juicio de amparo promovido el 15 de abril de 2024 por María Fernanda Hernández Morales, quien contó con el respaldo de la organización Litigio Estratégico Indígena A.C.

La quejosa argumentó que la falta de traducción de la declaratoria emitida el 25 de octubre de 2021 vulneraba el derecho de las mujeres indígenas a conocer sus mecanismos de protección.

Responsabilidades Institucionales

El Tribunal revocó un sobreseimiento previo y señaló directamente a dos dependencias estatales como responsables de cumplir con esta obligación legal: Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El Alcance de la Sentencia

La justicia federal no solo reconoció la falta, sino que dictó órdenes precisas para resarcir el daño a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas por lo que la AVGM deberá traducir a la lengua zapoteca del Valle de Oaxaca; el documento traducido deberá ser puesta a disposición de la parte quejosa además de que el Gobierno Estatal está obligado a difundir dicho contenido en las zonas hablantes de esta lengua mediante textos, medios audiovisuales y plataformas informáticas.

La Exclusión como Violencia Institucional

La AVGM es un mecanismo de emergencia diseñado para erradicar la violencia feminicida; sin embargo, para miles de mujeres cuyo idioma materno no es el español, el mecanismo resultaba inexistente en la práctica.

Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C., subrayó la relevancia del fallo:

“Negar la traducción de la alerta es una forma de exclusión institucional que deja fuera a las mujeres indígenas de las políticas diseñadas para protegerlas. El acceso a la información en su propia lengua es la llave para identificar la violencia y exigir protección”.

Un Precedente para el Futuro

Esta decisión judicial establece un precedente fundamental en México. Determina que cualquier política pública de protección contra la violencia de género debe ser cultural y lingüísticamente accesible.

En un estado con la diversidad de Oaxaca, este fallo garantiza que la justicia deje de ser un privilegio para quienes hablan castellano y se convierta en un derecho real para los pueblos originarios.