Oaxaca.- En un contexto nacional marcado por agresiones físicas y digitales, amenazas, hostigamiento judicial, precariedad laboral y violencias diferenciadas por razones de género, el 8 de agosto se realizó el taller “Comunicar frente a la violencia: protección y derechos”, dirigido a periodistas, comunicadoras y comunicadores, radialistas e integrantes de medios comunitarios e independientes, así como de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Durante 2025, ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México, además de siete asesinatos y una desaparición de periodistas. Por su parte, CIMAC registró 338 agresiones contra mujeres periodistas durante el mismo año, incluidas formas de violencia como el acoso, las amenazas de violencia sexual, la descalificación de la vida personal y los ataques contra vínculos familiares y afectivos. Estas cifras confirman que la violencia no es homogénea y que los riesgos se agravan por las desigualdades de género, las condiciones laborales, el territorio, el tipo de medio y los temas investigados. México continúa siendo considerado por organismos internacionales como el país más peligroso para la prensa en Latinoamérica.

Por su parte, Oaxaca figura en el tercer lugar nacional en cuanto a asesinatos de periodistas y comunicadores, solo detrás de Veracruz y Guerrero. ARTICLE 19 documentó 20 agresiones contra la prensa durante 2024. A ello se suman reportes recientes de nuevas agresiones contra periodistas y personas comunicadoras, en las que han sido señaladas autoridades municipales y corporaciones policiales.  Esta situación afecta especialmente a quienes informan sobre corrupción, conflictos territoriales, despojo, protestas sociales, violaciones a derechos humanos y violencias feminicidas, así como a radios comunitarias y medios independientes que trabajan al interior de las regiones del estado.

La realización del taller adquiere especial relevancia tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, Oaxaca. Reporteros del medio Sin Fronteras señaló que el periodista había denunciado amenazas previamente y cuestionó la falta de una respuesta de protección efectiva. Su asesinato representa una muestra del riesgo que enfreta el gremio, el ataque a la prensa crítica es una pérdida para la sociedad, lo que obliga a reiterar la exigencia de investigaciones que lleven a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, evitando cualquier forma de revictimización.

El periodismo, la comunicación comunitaria y la radiodifusión cumplen una función esencial: documentan abusos, preservan la memoria colectiva, amplifican voces que suelen quedar fuera del debate público y hacen posible que las comunidades conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos. Atacar a quienes realizan esta labor limita el derecho colectivo a estar informado, debilita la participación pública y favorece el silencio y la impunidad.

Frente a estos riesgos, la protección no puede estár basada en medidas individuales ni en la expectativa de que periodistas y personas comunicadoras asuman el peligro como parte inevitable de su labor. Corresponde al Estado prevenir las agresiones, proteger a quienes se encuentran en riesgo, investigar con debida diligencia, sancionar a las personas responsables y garantizar medidas de reparación y no repetición. Al mismo tiempo, los medios, las organizaciones y el propio gremio pueden fortalecer redes de confianza, protocolos compartidos, respaldo editorial, rutas de acompañamiento y prácticas de cuidado colectivo, particularmente ante las situaciones en las que es el Gobierno quien se incomoda por la información que se cobertura y difunde.

Por ello, el espacio colocó en el centro la articulación del gremio. Reconocerse, compartir aprendizajes y construir acuerdos entre periodistas, comunicadoras, comunicadores y radialistas permite ampliar las capacidades de respuesta, disminuir el aislamiento y activar apoyos ante amenazas, detenciones, campañas de desprestigio, ataques digitales o impactos psicoemocionales. La articulación también fortalece la exigencia pública de justicia y contribuye a que ninguna agresión sea normalizada ni enfrentada en soledad.

El taller tuvo como objetivo fortalecer capacidades individuales y colectivas para conocer herramientas jurídicas básicas y cuidado colectivo desde la Protección Integral Feminista. La PIF es un pacto político y ético de cuidado colectivo impulsado por movimientos de mujeres y redes de defensoras de derechos humanos para enfrentar de manera transformadora las violencias machistas y estructurales, abarcando dimensiones como la seguridad física, digital, emocional y psicosocial, fundamentándose en principios como poner el cuidado en el centro de la defensa de derechos humanos, la solidaridad y la convicción de que las redes salvan. Desde este enfoque se cuestiona la cultura del sacrificio y del heroísmo, y reconoce que cuidar la vida es una condición para sostener el periodismo, la comunicación y las luchas por la justicia.

En la actividad participaron 21 personas, provenientes de las regiones de Valles Centrales, Istmo y Cañada, vinculadas con 8 medios de comunicación y 7 organizaciones sociales y civiles. Cabe mencionar que la realización del taller fue en el marco del proyecto  de Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca con Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C., enfocado a impulsar procesos de formación y acompañamiento relacionados con la cobertura de la tortura y otras formas de abuso de poder, con financiamiento de la Unión Europea.  En Oaxaca, el taller se articuló con la campaña comunicativa sobre tortura, detención arbitraria y ejecución extrajudicial, identificada públicamente con el llamado “Justicia, no impunidad”, cuyo propósito es visibilizar estas violaciones graves, fortalecer capacidades para reconocerlas y exigir derechos, promover coberturas con enfoque de derechos humanos y perspectiva feminista, y generar vínculos entre periodistas, personas defensoras, víctimas, familias, comunidades y organizaciones para enfretar la violencia de Estado, la corrupción y la impunidad.

La convocatoria y realización de la actividad contó con la participación de la Taula per Mèxic, compartiendo su experiencia de solidaridad internacional y el vínculo con el programa municipal de acogida temporal Barcelona Protege a Periodistas de México.

Las organizaciones convocantes reconocen el trabajo de quienes, desde medios comunitarios, independientes, universitarios y otras iniciativas de comunicación, sostienen el derecho de la sociedad a estar informada. Asimismo, reiteran su disposición a acompañar procesos de formación, articulación, incidencia y protección integral que contribuyan a enfrentar los riesgos sin trasladar toda la responsabilidad a las personas agredidas.

Ante un entorno de agresiones constantes y falta de justicia, reafirmamos que ningún periodista ni comunicador debe enfrentar el riesgo en soledad. Tejer redes de apoyo, blindar la libertad de expresión, romper con los cercos mediáticos que favorecen intereses de gobiernos y grandes empresas, y proteger a quienes sostienen la palabra pública son tareas indispensables para la verdad y la democracia.