Lilia TORRENTERA. G.

Oaxaca.- La organización Litigio Estratégico Indígena ha promovido un juicio de amparo que busca convertir en un derecho exigible la promesa de gratuidad de la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla para los habitantes de Oaxaca.

La demanda se fundamenta en las declaraciones públicas realizadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de la vía en febrero de 2024, así como en las afirmaciones de la actual presidenta Claudia Sheinbaum en su libro "Diario de una transición histórica", donde describe la exención de pago para vehículos locales como un hecho consolidado.

El recurso legal argumenta que tales anuncios oficiales, difundidos por canales institucionales, constituyen una política pública que el Estado está obligado a cumplir.

El punto central en la disputa jurídica es el principio de confianza legítima, el cual establece que la ciudadanía tiene el derecho de confiar en que los actos y palabras de las autoridades generen efectos reales y estables.

Según los promotores del amparo, el anuncio de gratuidad no fue una simple frase al aire, sino una decisión de Estado que impacta directamente en el derecho a la movilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes. Al no existir un decreto formal en el Diario Oficial de la Federación que respalde la palabra empeñada, los demandantes acuden al Poder Judicial para evitar que la narrativa oficial se convierta en una promesa rota que profundice la marginación económica de la región.

Mariana Yáñez Unda, abogada de la asociación civil, sostiene que este caso pone a prueba la seriedad institucional y la ética del poder público frente a la sociedad.

Desde la perspectiva de la organización, permitir que una autoridad anuncie beneficios sociales frente a micrófonos y cámaras para luego omitir su implementación técnica vulnera el principio de no regresividad en los derechos.

Para Litigio Estratégico Indígena, la defensa de este amparo no se limita al ahorro de un peaje, sino a la protección del ciudadano frente a la arbitrariedad, exigiendo que el discurso político tenga consecuencias jurídicas vinculantes en beneficio del desarrollo regional.

Actualmente, el caso se encuentra bajo el análisis de Ricardo Courtois Yanini, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien deberá determinar si la palabra presidencial es suficiente para generar derechos exigibles ante los tribunales.

La resolución de este juicio sentará un precedente histórico sobre el valor de las comunicaciones oficiales y la responsabilidad del Ejecutivo en sus compromisos con los sectores más vulnerables del país.

Mientras la carretera ya conecta físicamente a la capital con la Costa, el veredicto definirá si la justicia mexicana valida que la palabra empeñada desde el poder es, en efecto, una ley para el Estado.