Oaxaca.- La Diputada Irma Pineda Santiago presentó  hoy una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado con el objetivo de establecer un Padrón de Violentadores de Mujeres  en el estado de Oaxaca, buscando zanjar la polémica sobre la presunta tolerancia de la violencia contra las mujeres dentro de la función pública.

La legisladora fue enfática al negar categóricamente que el Congreso encubra o tolere estas conductas, y señaló que esta iniciativa busca erradicar de tajo cualquier duda al respecto, asegurando que la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus vertientes, es una agresión inaceptable.

En el texto de  propuesta se busca  dotar al Estado de medidas que van más allá de las amonestaciones y exhortos previstos en la ley actual, previendo implicaciones de carácter coercitivo y económico.

La iniciativa establece que el listado sea operado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, para  integra a aquellos hombres que sean declarados agresores por:

• Autoridades Judiciales, Laborales o Familiares.
• Tribunales Electorales (por violencia política).
• Inclusión por deudas alimenticias, violencia laboral, obstrucción al ejercicio de un cargo, entre otros

El propósito central del listado, explicó la legisladora,  es advertir sobre el comportamiento de los hombres agresivos contra las mujeres, con una prioridad en aquellos que ostentan un cargo público.

La iniciativa establece que, al darse vista a la Secretaría de Honestidad, esta deberá corroborar si el agresor se trata de un servidor público para iniciar la baja correspondiente de su cargo. De esta forma, la investidura de funcionario público no será un "obstáculo, escudo o interferencia" para aplicar todo el peso de la ley.

Esta iniciativa se suma a esfuerzos previos de la Diputada y el Congreso para garantizar la seguridad de las oaxaqueñas. La legislatura recientemente reformó el Código Penal para tipificar con una sanción más elevada el abuso sexual callejero. Además, la Diputada Pineda ha impulsado una reforma constitucional para garantizar, sin cortapisas, una vida libre de violencia a las mujeres como una obligación ineludible del Estado y no solo como una política pública.