| | Oaxaca de Juárez |
Lunes 27 de abril, 2026.
| | Oaxaca de Juárez |
Roberto SANTIAGO
Oaxaca.- La asociación civil Litigio Estratégico Indígena dio a conocer que en un momento de definiciones trascendentales para el sistema judicial mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra ante la oportunidad histórica de resolver el caso de la zona arqueológica Guiengola, como disputa que trasciende el ámbito legal para situarse en el núcleo de los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios.
En su información, señala que la actual integración del máximo tribunal ha manifestado una apertura sin precedentes para delimitar el alcance de la autonomía indígena en la gestión de su patrimonio, enfrentando un expediente que expone las carencias de un modelo de protección centralista que durante décadas ha mantenido este centro ceremonial zapoteca en Oaxaca en una condición de vulnerabilidad jurídica extrema.
La problemática central radica en la persistente omisión del Estado mexicano, específicamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al no emitir el decreto declaratorio que protegería formalmente a Guiengola.
Esta ausencia de reconocimiento legal no solo ha facilitado el saqueo y el deterioro del sitio, sino que refleja una política errática que se repite en diversas zonas arqueológicas del país, donde la escasez de recursos y la falta de regulación han permitido invasiones y la pérdida irreversible de memoria histórica.
El caso evidencia que el abandono institucional no solo es administrativo, sino profundamente político, al relegar a los descendientes contemporáneos de estas civilizaciones a un papel de simples espectadores de su propio legado.
La crisis de seguridad y el abandono de espacios emblemáticos, con antecedentes de violencia en sitios como Teotihuacán, subrayan la urgencia de transitar hacia un modelo de resguardo más eficaz y participativo.
En este contexto, el trabajo de la organización Litigio Estratégico Indígena ha sido determinante al posicionar a las comunidades como sujetos de derecho activos.
Según plantea la activista Mariana Yañez, el proceso jurídico no busca únicamente la protección de piedras y estructuras, sino que cuestiona la autoridad absoluta del Estado sobre territorios ancestrales y propone desmontar el monopolio centralista que ha marginado sistemáticamente a las comunidades indígenas en la toma de decisiones.
El veredicto que emita la Suprema Corte podría consolidar una línea jurisprudencial que reconozca la consulta previa y los derechos culturales como pilares de la gestión patrimonial.
Al establecer obligaciones claras para que el Estado actúe con la participación directa de los pueblos originarios, el tribunal no solo resolvería una deuda histórica con los guardianes de Guiengola, sino que enviaría una señal política sobre la construcción de un país que reconoce a los pueblos indígenas como protagonistas de su historia. La resolución final determinará si México sigue administrando su pasado desde las altas esferas o si finalmente integra los derechos de las comunidades en la preservación de la identidad nacional.
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí
