
Roberto SANTIAGO
Oaxaca.- La mañana del 23 de enero, la vida de Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil de 26 años originario de Tlaxiaco, Oaxaca, se interrumpió de forma violenta sobre la autopista Durango-Mazatlán. Pablo se encontraba en una parada de transporte público esperando el autobús que lo trasladaría a Concordia para continuar con sus labores en obras de infraestructura.
En ese momento sostenía una conversación telefónica con su novia, quien fue testigo auditivo del rapto; la comunicación se mantuvo abierta apenas unos segundos entre el caos del forcejeo hasta que se cortó abruptamente. Desde aquel instante, el silencio ha sido la única respuesta para su familia.
El caso de Pablo revela una operatividad criminal más extensa de lo que las autoridades admitieron inicialmente. Aunque horas antes un grupo de ingenieros y mineros de la empresa Vizsla Silver había sido privado de la libertad en el fraccionamiento La Clementina, la captura de Pablo ocurrió en un punto distinto y de manera individual, confirmando que el despliegue delictivo fue coordinado y sistemático.
Al momento de su desaparición, el joven vestía una camisa de cuadros oscuros, pantalón de mezclilla claro y botas café; cuenta con cicatrices distintivas en la frente y en una oreja como señas particulares.
A pesar de la gravedad de los hechos, la familia de Pablo enfrenta un obstáculo adicional: la invisibilidad institucional.
Mientras que la Fiscalía de Sinaloa reconoce oficialmente la desaparición de cinco personas, testimonios de trabajadores y familiares elevan la cifra a al menos 14 víctimas. Pablo, al realizar su residencia profesional para la empresa Cicar S.A. de C.V. y no pertenecer directamente a la nómina de la mina, fue excluido de los listados iniciales de desaparecidos, lo que ha dificultado que su búsqueda reciba la misma prioridad que otros perfiles vinculados a la industria minera.
La falta de resultados a nivel estatal ha llevado el caso ante organismos internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido la Acción Urgente 2220/2026, demandando al Estado mexicano una estrategia inmediata de localización con plazos definidos y exhortando a investigar la posible participación de autoridades en estos actos.
Aunque recientemente se reportó la detención de cuatro civiles armados en Concordia y el aseguramiento de pertenencias personales en diversos cateos, los análisis periciales aún no arrojan luz sobre el paradero del ingeniero oaxaqueño.
Hoy, la familia Osorio Sánchez continúa en una espera agonizante, denunciando que las investigaciones no presentan avances concretos a pesar de la difusión de fichas de búsqueda en ambos estados. La exigencia es clara: que las autoridades de Sinaloa y Oaxaca coordinen esfuerzos reales para que Pablo, quien estaba a pocas semanas de concluir su residencia profesional en febrero, pueda regresar a su hogar en la Mixteca oaxaqueña.

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