Para responder a la crisis internacional de la deuda externa y controlar la fuga de capitales, en 1982 el gobierno mexicano nacionalizó la banca en el país.
Esta “nacionalización privatizadora” no obedeció a un esquema de planificación, sino a lógicas de poder imperantes en el aparato estatal. “Significó un golpe de timón que no empujó el desarrollo económico y financiero del país”, explicó la tutora del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La medida fue revertida en los años posteriores, con la apertura de casas de bolsa, que constituyeron un sistema de financiamiento paralelo, lo que significó la sustitución de los banqueros por nuevos agentes económicos: los operadores bursátiles o casabolseros.
En 1992, expuso, este sector emergente, que sustentó su poder económico en la especulación financiera, fue favorecido con la privatización de las instituciones bancarias, en un movimiento que buscaba legitimidad política.
Esta “privatización protegida”, en montos equivalentes hasta en siete veces su valor en libros, significó la alianza entre las élites económicas y políticas del país y el respaldo a prácticas especulativas ejercidas por la nueva clase financiera, sostuvo.
En este proceso, las bases sociales de apoyo político se trasladaron desde la ciudadanía y organizaciones campesinas, obreras y populares, hacia corporaciones y, en particular, a empresas vinculadas con mercados financieros internacionales.
En 1995 se organizó un rescate financiero a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), para salvar a los banqueros de la bancarrota, generada por la crisis económica de 1994.
Tal “nacionalización privatizadora” significó conflictos de interés y colusión entre agentes gubernamentales y financieros, generó diversas irregularidades y consolidó el rol del Estado como soporte de la banca.
Cuatro años después, los pasivos del organismo se convirtieron en deuda pública. “Cada año se asignan a este rubro partidas equivalentes al 20 por ciento del PIB”, refirió la experta en transparencia y rendición de cuentas.
El manejo financiero y bancario en México entre 1982 y 1999, demuestra que las reformas económicas no significaron un repliegue del Estado, sino impulsaron su intervención en la configuración de nuevas clases.Te podría interesar...








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