A su vez, la diputada panista Ivonne Gallegos Carreño se manifestó en favor de las iniciativas de ley para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque “es un tema que merece mucho respeto”.
La Legisladora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) demandó que haya la misma motivación y sensibilidad para analizar y aprobar, en su caso, las iniciativas de Ley de Discriminación y Violencia Intrafamiliar.
De igual manera, el legislador Perfecto Mecinas Quero, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC), se sumó a las propuestas de la diputada Ortiz Silva y los diputados Sosa Villavicencio y López Gómez, y apuntó que la decisión de la SCJN “es una lectura a la sociedad”.
Y es que la SCJN declaró este miércoles inconstitucional el Artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que establece que “el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un sólo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida”.
La determinación del máximo tribunal de justicia del país aplicará para toda la República, lo que significa que a partir de ahora cualquier pareja del mismo sexo que se ampare deberá ser reconocida por las autoridades.
La SCJN atrajo tres amparos sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca, quienes acudieron al Registro Civil para casarse, pero hubo negativa de las autoridades.
En los amparos 457/2012, 567/2012 y 581/2012 se alegó la inconstitucionalidad por discriminación del Artículo 143 del Código Civil de Oaxaca y violar sus derechos fundamentales a la igualdad.
El amparo que por unanimidad se resolvió a favor en la SCJN fue el 581/2012, y fue llevado por el ministro Arturo Zaldívar.
En el país, todos los Códigos Civiles sólo permiten el registro de matrimonios heterosexuales, excepto el DF, porque en agosto de 2010 la SCJN declaró constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En tribuna, el legislador Sosa Villavicencio dijo que la sociedad ha venido evolucionando y en la regulación del matrimonio, la disposición civil vigente en Oaxaca no se ajusta al espíritu contenido en los Artículos 1 y 4 de la Constitución federal, ni a los Tratados Internacionales que reconocen los derechos humanos de todas las personas relativos a la igualdad y no discriminación.
Señaló que México es Estado firmante de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio de 1962, que entre otros aspectos establece que toda persona tiene derecho de casarse sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión.
“En países como Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega y Suecia, los matrimonios entre personas del mismo sexo están debidamente regulados en sus legislaciones”, apuntó.
Señaló que, por el contrario, la legislación de 78 países criminaliza las relaciones homosexuales, y en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, están castigadas con la pena de muerte, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales.
En ese contexto, Sosa Villavicencio resaltó que el Código Civil para el Estado de Oaxaca debe adecuarse a la realidad, modificando la ley en la que se permita que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo, con plenitud o igualdad de derechos y obligaciones cualquiera que sea su composición.
“Ello tendría beneficios de índole social, de combate a la discriminación y, sobre todo, en materia de salud pública, pues una de las conclusiones a las que arribó el XI Congreso Nacional sobre VIH celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 27 al 30 de noviembre de 2009, fue que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, contribuye a la eliminación de obstáculos para la prevención y atención del VIH/Sida”, puntualizó.
Mientras, el diputado López Jarquín, coordinador de la banda del PRD, señaló que en Oaxaca prevalece la discriminación, no sólo por preferencia sexual, sino también por origen, etnia, color de piel, preparación académica, condición social, religión.
La iniciativa con proyecto de decreto presentada por los diputados Sosa Villavicencio y López Gómez fue turnada a las comisiones Permanente de Administración de Justicia, de Derechos Humanos, y de Equidad y Género, a petición de los legisladores Flavio Sosa Villavicencio y Carolina Aparicio Sánchez, ésta última del PRI.







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