Donis Rodríguez, indicó que las exigencias a los gobiernos son: combate frontal a la explotación sexual, laboral y trata de niños centroamericanos, reforma a leyes de migración, eliminación de visa, desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM) y protección a los defensores de derechos humanos.
Desde hace un par de años varias organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional alzó la voz y exigió al Estado Mexicano brindar seguridad a los defensores de derechos humanos, como el caso del padre Alejandro Solalinde, pues son vulnerables al emprender una lucha contra grupos delictivos que lucran con los migrantes.
El padre Solalinde, como cariñosamente lo conocen, apuntó que luego de los hechos violentos que protagonizarán en Nuevo Santiago Tutla, puso su respectiva denuncia en el Ministerio Público de María Lombardo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para la atención y documentación de esta agresión con la que cerró el 2011.







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