Al impartir la conferencia magistral “Integridad y Estado de Derecho en México: dilemas, brechas y veredas”, organizada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en coordinación con Transparencia Mexicana y la Embajada de los Estados Unidos; el Doctor en Ciencias Políticas, hizo un análisis sobre la coparticipación gobierno-sociedad en materia de combate a la corrupción.
En presencia de la titular de la Secretaría de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández, y del presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, explicó que en México la problemática de la corrupción está vinculada al incumplimiento a la Ley al interior de las estructuras del Poder Público, lo que genera la desconfianza de los mexicanos hacia las instituciones; propiciando con ello argumentos de justificación para que los ciudadanos no actúen bajo el principio de legalidad.
El también autor de los libros Corrupción y Política en el México Contemporáneo y Corrupción y Política en América Latina, explicó que el país registra avances en materia de combate a la corrupción. “Hace 20 años era casi imposible de hablar de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Estas son las brechas que van a promover los cambios sociales y que construirán gobiernos realmente democráticos”.
Ante servidores públicos de diferentes dependencias, así como de representantes de organismos de la sociedad civil, instituciones académicas, asociaciones de profesionistas y del comisionado presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), Genaro Vásquez Colmenares, dejó en claro que “la lucha contra la corrupción es la lucha por la justicia social”, por lo que las autoridades deben poner ejemplo de acatamiento a la Ley.
“Existe una jerarquía en la legitimidad, lo que significa que el Estado de Derecho pesa más para un gobierno que para la sociedad, porque de no aplicarse la Ley a todo el Poder público entonces se da cabida a que la sociedad justifique su desobediencia a las reglas y se profundice la predisposición anti-estado”, aseveró.
Stephen Morris manifestó que hay una tendencia en México pro-sociedad, lo que permitirá fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública. La participación social, dijo, debe conducirse bajo el principio de Estado de Derecho, porque de lo contrario se corre el riesgo de que la ciudadanía se corrompa y utilice sus mecanismos de presión para obligar al gobierno al otorgamiento de beneficios especiales y selectivos.
Reconoció que en Oaxaca el Gobierno de Gabino Cué impulsa acciones estratégicas para prevenir y combatir frontalmente la corrupción, como es el caso del programa Evaluar para Mejorar en donde a través de la participación ciudadana, se pueden detectar áreas vulnerables a la ilegalidad y corregir estas omisiones.
Destacó que en la entidad la lucha contra la corrupción se realiza en alianza con la sociedad, lo que habla de la construcción de un gobierno abierto e incluyente de las voces, conocimientos y esfuerzos de los organismos no gubernamentales. “La legalidad debe ser un objetivo común y un propósito de de trabajo diario”, concluyó.
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