A pesar de ello, las personas sobrevivientes persisten en su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2005, para que este organismo emita una recomendación al Estado mexicano, porque aseguran que los civiles armados (paramilitares) que los agredieron, actuaron con aquiescencia del gobierno.
En su argumento señalan que fueron víctimas de la guerra de baja intensidad utilizada como estrategia para anular cualquier adhesión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el marco de la conmemoración de los 20 años de este hecho, el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jan Jarab, visitó la comunidad Acteal, y escuchó los testimonios de las y los sobrevivientes.
El diplomático expresó su solidaridad y se sumó a la exigencia de justicia “para romper este círculo vicioso de la impunidad que prevalece hoy por hoy en México”.
“SE OLVIDARON DE NOSOTROS”
Fernando Luna Pérez tenía 7 años cuando ocurrió la masacre. Su madre, Juana Pérez Pérez, y su hermano Juan Carlos, de 2 años, murieron asesinados. “Fue difícil vivir sin una madre, mi padre estuvo conmigo pero hubo momentos en que no tenía ni para comer”, recuerda.
A pesar de esta situación, Fernando logró estudiar hasta la escuela Preparatoria, después no tuvo recursos para continuar. En 2009 asistió junto a la delegación de sobrevivientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México a pedir que no fueran liberados los autores materiales de la masacre. No fueron escuchados.
“Para el gobierno es como si no hubiera pasado nada. Es una indignación porque no ha habido justicia, se olvidaron de nosotros. Murieron nuestros familiares y no les importó. Se olvidaron de nosotros”, señala.
Micaela y María Vázquez Pérez también son sobrevivientes de Acteal. En la masacre murieron sus hermanas Marcela y Antonia Vázquez Pérez
Viven en una pequeña casa de una sola pieza, en la entrada a la comunidad. Actualmente tienen 32 y 40 años de edad. Se mantienen vendiendo artesanías en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Los recursos que obtienen son insuficientes para poder pagar atención médica que les permita recuperarse de las secuelas que les dejó la masacre.
“Mi papá, Francisco Vázquez Hernández, cuando se murieron mis familiares se puso muy triste. Todavía sobrevivió y apenas el año pasado (2016) falleció… ahora estoy sola. Ojalá tuviéramos un espacio para vender artesanías, ojalá haya justicia, ojalá nos reparen los daños y nos indemnicen”, explica María.
Antonio Luna Santis también murió buscando justicia. En la masacre perdió 5 familiares, su hija y tres nietos, Marcela Luna Ruiz; Alejandro, Juan y Silvia Pérez Luna; y su yerno Miguel Pérez Jiménez.
Se quedó a cargo de sus tres nietas, entre ellas Zenaida, quien perdió parcialmente la vista a consecuencia de un disparo que recibió durante la masacre. Hoy su familia se suma a la petición para que el Estado mexicano sea sancionado por la masacre, y a los sobrevivientes se les repare el daño y sean indemnizados. Esto les permitiría recibir atención médica.
A pesar de este escenario, los sobrevivientes insisten, “nosotros no queremos venganza, lo que queremos es justicia. Ellos, los paramilitares que participaron en la masacre son nuestros primos, son nuestros vecinos… entendemos que fueron engañados, por la pobreza los engañaron, los manipularon. Pero sólo la justicia puede traer la paz, solo la justicia puede impedir otra masacre”.Te podría interesar...








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