Transversal precisó que en particular las mujeres con discapacidad son doblemente vulnerables en comparación a los hombres. Según el Inegi 72 por ciento de las mujeres con discapacidad mayor de 15 años de edad no realiza ninguna actividad económica y la brecha en la participación laboral crece conforme aumenta la edad.
La organización civil añadió que si se considera que una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más, por consecuente, es mayor el deterioro de la calidad de vida en este sector.
En tanto, las mujeres con discapacidad que acceden al ámbito laboral “se ubican en puestos de baja calificación con desprotección salarial”, refirió la agrupación, y con datos del Inegi de 2015 añadió que un 50 por ciento de los hombres con discapacidad tiene como principal fuente de ingresos su trabajo a diferencia de 31 por ciento de las mujeres en la misma condición.
En suma, en México las personas con discapacidad ganan por su trabajo 67 por ciento menos de lo que ganan las personas sin discapacidad, señaló la organización civil especializada en tema.
En evaluaciones anteriores al Estado mexicano, tanto de CEDAW como del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estos organismos han expresado su profunda preocupación por la situación de exclusión y pobreza de las mujeres con discapacidad, instando al gobierno a que los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural.
Para esta novena evaluación el Estado mexicano informó previamente a las expertas de CEDAW –sin dar detalles– que “28 de las 32 entidades federativas han cumplido con los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018” y que “60 de las 70 reglas de operación de los Programas Sociales consideran la priorización de apoyo a personas con discapacidad”.
Al respecto, Transversal indicó al Comité de CEDAW que en el país se genera poca información relativa a las personas con discapacidad y a las situaciones de discriminación de las que son objeto. Ante este vacío es imposible conocer el impacto de las políticas públicas en la reducción de la discriminación a la que se enfrentan particularmente las mujeres con discapacidad.
SIN ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN
Transversal afirmó en su informe sombra, publicado el 9 de mayo en la página oficial de CEDAW, que las mujeres con discapacidad tampoco ejercen su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Señaló que aún con la reforma educativa, este sistema no es inclusivo, por el contrario, “fomenta la educación especial y segregada para las personas con discapacidad”.
Las mujeres con discapacidad, nuevamente ven trastocado este derecho, la agrupación civil precisa con información recopilada del Inegi, que 26 por ciento de las mujeres con discapacidad son analfabetas, los varones un 19 por ciento, mientras solo 4 por ciento de la población sin discapacidad son analfabetas.
En relación al acceso a la salud para las mujeres con discapacidad, Transversal indicó que enfrentan obstáculos en el consentimiento libre e informado para cualquier tratamiento médico, es especial en la salud reproductiva que da origen a casos de esterilización forzado, tratamientos que son irreversibles.
Sobre la misma temática de mujeres con discapacidad, antes de que se realice la evaluación al Estado mexicano en julio próximo, las expertas de CEDAW pidieron información adicional a las autoridades mexicanas sobre las medidas adoptadas para prevenir la explotación sexual y económica, el abuso y la trata en lo que respecta a las mujeres indígenas con discapacidad. Sobre este requerimiento el gobierno no respondió en el último informe que entregó al Comité.
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