Resolución internacional a favor de tortura sexual por militares podría ser histórica

Sem Mex Oaxaca.– Red TDT envía carta a jueza, para la próxima resolución sobre el caso de Valentina Rosendo Cantú ya que podría tratarse del primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional. En una carta dirigida a la juez Séptima de Distrito en el Estado de Guerrero, Iliana Fabricia Contreras Perales, quien una sentencia de primera instancia relacionada con los abusos cometidos por elementos del ejército mexicano, en contra de Valentina Rosendo Cantú en febrero de 2002 se señala por integrantes de la Región Sur de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia”. Explican que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos. Dicen que desde 2012, Valentina Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares, además de ser revictimizada y no se le garantizó la atención médica integral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; donde se asentó que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”, dice la carta.