El Espacio OSC también lamenta que instancias señaladas en el informe y con recomendaciones puntuales por su responsabilidad en materia de cooperación, para la prevención, protección, investigación y reparación del daño en casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas hayan hecho caso omiso para cumplir las recomendaciones de la sociedad civil. Tal es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ,la Procuraduría General de la República (PGR) y las entidades federativas.
En su más reciente reporte, las organizaciones del Espacio OSC identifican que el gobierno federal, carece de una estrategia sólida para hacer frente a la impunidad de los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es decir, no hay acciones contundentes para que las instituciones de procuración de justicia lleven a cabo investigaciones adecuadas y efectivas.
El Mecanismo de Protección de orden federal aún carece de personal adecuadamente capacitado, de presupuesto suficiente, así como de una política de transparencia proactiva y de rendición de cuentas. Aunado a lo anterior, continúa la falta de voluntad política para la corresponsabilidad por parte de la mayoría de las entidades federativas, para la cooperación y el seguimiento efectivo en la provisión de medidas de protección, así como las constantes agresiones por parte de funcionarios públicos tanto estatales como federales en ocasiones en contubernio con el crimen organizado, lo cual impiden la protección real. Los factores mencionados obstaculizan la generación de condiciones preventivas y ayudan a generar un entorno adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos.
Las organizaciones que conforman el Espacio OSC hacen un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos para implementar eficazmente las 56 recomendaciones pendientes de cumplimiento emitidas en el diagnóstico de la sociedad civil “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano”.
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