Rivas Rodríguez enfatizó que en la legislación mexicana no está tipificado el delito de violencia electoral por razones de género, lo que provoca un vacío que abona a los casos que quedan en impunidad.
“En México, la violencia política en contra de las mujeres, al no estar tipificada cae en un vacío legal que se está generando desde la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad de género en los partidos”, dijo.
De acuerdo con el estudio, el 51% de las agresiones registradas en el pasado proceso electoral se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y el Golfo de México.
Francisco Rivas advirtió que pocas carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales son judicializadas y la impunidad puede derivar en la consolidación de otra forma de delincuencia organizada. “Algunos delitos electorales lo que hacen es consolidar un sistema de corrupción y de delincuencia organizada”, alertó.
“Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros”, destacó.
Indicó que de los 152 homicidios, no se pueden garantizar que todos estén relacionados con el proceso políticos, pero “es evidente que la violencia que vive el país se ve reflejada en el proceso electoral”.

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