Falla Estado mexicano para garantizar vida y seguridad de mujeres y niñas

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias Oaxaca.-Por desplegar a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y por perpetuar condiciones de pobreza y marginación, el Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, especialmente de las más pobres, indígenas, y migrantes. Así lo evidenció la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) -integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil- al presentar su informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017”. Este documento –que se elaboró con solicitudes de información y datos que aportaron distintas organizaciones de todo el país- es una radiografía de cómo se ha configurado y diversificado la violencia contra las mujeres en México durante los recientes 9 años. Las organizaciones que conforman la Red TDT recopilaron cifras sobre diferentes formas de violencia extrema contra las mujeres, como la violencia sexual, la criminalización de quienes abortan, la desaparición de mujeres, la trata de personas con fines de explotación sexual, y el feminicidio. La Red documentó que en el país, de 2008 a 2017 se incrementó el número de desapariciones de mujeres, de 168 a mil 572. La Red TDT también identificó en casi todos los casos ausencia de información desagregada por sexo; fallas en la tipificación de los delitos; y falta de independencia por parte de las procuradurías estatales para garantizar el acceso a la justicia. También evidenció que en todos los casos existe la participación de agentes del Estado como perpetradores de la violencia, y que prevalecen elementos estructurales como la pobreza, falta de oportunidades, violencia comunitaria y en el hogar, la discriminación, la corrupción y la impunidad, que contribuyen a perpetuar las violencias. Todo ello es propicio para que las mujeres en condición de migración, las indígenas, las más pobres, o las defensoras estén en mayor riesgo de ser enganchadas para la trata de personas con fines de explotación sexual, sean criminalizadas porque no pueden llevar a término un embarazo, o sean asesinadas o agredidas sexualmente en completa impunidad, aseguró la Red. MILITARIZACIÓN, SEMILLERO DE VIOLENCIAS En estos nueve años, el Estado mexicano implementó la estrategia de seguridad para el combate al narcotráfico. Esta política – que inició con Felipe Calderón Hinojosa y continuó con el actual mandatario Enrique Peña Nieto- generó un contexto de inseguridad, vulnerabilidad y violaciones graves a los Derechos Humanos. “Dicha estrategia se ha centrado en un combate frontal a los grupos del crimen organizado con fuerzas armadas del Estado, dándoles tareas de seguridad ajenas a sus funciones, cuyos impactos en la sociedad han sido devastadores, afectando diferenciadamente a las mujeres”, aseguró la Red TDT. Imagen retomada de Twitter de la Red TDT Si bien la violencia contra las mujeres es histórica en el país, la implicación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad interior y la diversificación de actividades del crimen organizado son elementos nuevos que complejizan el escenario de la violencia con la participación de más grupos organizados en diferentes delitos. Este escenario cambió a los actores de la violencia. De acuerdo con datos de informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre de 2006 y abril de 2017. La Red urgió al Estado a revisar la estrategia de seguridad nacional contra el narcotráfico, principalmente la militarización de los territorios, y modificar las acciones que incrementan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en estas situaciones, entre ellas el retiro progresivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. EL ESTADO FALLA La Red TDT hizo un recuento de cómo a la par del crecimiento de la violencia, el Estado mexicano se ha visto obligado a adoptar una serie de tratados, mandatos internacionales, y decretar todo un marco normativo para transformar la realidad de las mujeres. Entre ellos destaca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y la Alerta de Violencia de Género (AVG) que se desprende de esta legislación. Sin embargo, observó la Red, el registro de estos 9 años demuestra que las acciones del Estado en esta materia han sido fallidas y están centradas en invisibilizar la violencia contra las mujeres, lejos de atenderla. Por ello, la Red hizo un nuevo llamado al Estado mexicano para tener diagnósticos certeros, información asequible y completa a nivel federal y también en los estados por las distintas autoridades e instituciones que trabajan por el bienestar de las mujeres. Asimismo le urgió acatar las recomendaciones de organismos internacionales en el tema; modificar las leyes necesarias para garantizar la independencia de las Procuradurías y Fiscalías estatales; promover la profesionalización e independencia de los servicios periciales; y armonizar las legislaciones nacional y estatales sobre los delitos de violencia sexual y tortura, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, trata de personas y feminicidio.