El diputado federal alertó que “prácticamente, la mitad de este sector de la población labora por cuenta propia; 60.8 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo; 61.8 por ciento labora sin tener un contrato escrito y casi la mitad (47.7 por ciento) no cuenta con prestaciones. Es alarmante que el 73.2 por ciento de las personas adultas mayores se vean orilladas a trabajar de manera informal, pues tan solo una cuarta parte de la población se encuentran pensionadas”.
El líder del sol azteca puntualizó que para las mujeres adultas mayores el panorama es aún peor, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de participación económica de la población de 60 y más años es de 33.9 por ciento; en los hombres es de 50.9 por ciento y en las mujeres de 19.6 por ciento, lo que las coloca en graves condiciones de vulnerabilidad pues sus bajos o nulos ingresos propios ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos a la salud, a la autonomía y a la autosuficiencia”.
Ante esta situación Martínez Neri solicitó adherir a México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“La Convención es un instrumento regional jurídicamente vinculante que promueve, protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, además, reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma y fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos”.
Martínez Neri señaló que “como un grupo especial de la población, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en razón de su edad; recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos; ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; vivir en lugares seguros, dignos y decorosos; recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, aun sin ser derechohabientes, así como el acceso a una pensión, previo cumplimiento de los requisitos que las leyes correspondientes señalen, entre otros derechos”.
“Se encontraron coincidencias en todos los grupos parlamentarios, quienes reconocieron la importancia de que el Estado mexicano ratifique este Convenio, pues al incorporarla a nuestro sistema jurídico, no sólo se ampliarán los derechos específicos de las personas adultas mayores, sino que las autoridades quedarán obligadas a armonizar la legislación con su contenido en todos los niveles de gobierno, con el diseño de políticas públicas que integren a los adultos mayores productivamente en la sociedad con los cuidados y la atención que requieren” concluyó.Te podría interesar...

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