“No hay mecanismo para evaluar impacto de AVG”: México ante CEDAW

Oaxaca.-De cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las expertas de la ONU requirieron al Estado mexicano información complementaria sobre impartición de justicia en casos de feminicidio y los resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG), a lo que el gobierno respondió que “no existe un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG” y que de 2013 a 2016 se han dado solo 335 sentencias por dicho delito. Estas aclaraciones e información adicional –entre otra sobre datos de aborto, acceso a la información, migración de mujeres- que pidieron las expertas que integran el Comité de CEDAW son dudas surgidas del informe que como cada cuatro años entregó el Estado mexicano en diciembre de 2016, y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza. El pasado 26 de marzo el Estado mexicano respondió al Comité a través de un informe -sin desglosar la información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron tal como lo pidió CEDAW- que en cuatro años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio. De estos casos, destaca que un 34 por ciento ocurrieron en 2015 (730 en total), colocándose como el año con mayor número de carpetas o averiguaciones registradas por feminicidio. Sin embargo, al hablar del avance de impartición de justicia, en el mismo periodo, el número de personas procesadas por feminicidio se reduce alrededor de la mitad, a mil 207; al llegar a las sentencias disminuye aún más, solo se reportan 335. [caption id="attachment_412594" align="aligncenter" width="521"] CIMACFoto: César Martínez López[/caption] A pesar de que el Estado mexicano indicó en el documento dirigido al Comité de CEDAW que las entidades federativas “no tienen instituciones capaces de enfrentar la violencia de género”, no detalló las barreras que impiden al mecanismo de la Alerta de Género tener resultados como se requirió. Esto se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG”, indicó el Estado. Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, el Estado mexicano argumentó que “el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”. Otras cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que el Comité de CEDAW pidió que fueran aclaradas por el Estado mexicano antes de la evaluación prevista del 2 al 20 de julio, quedaron sin respuesta, como las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez. El Estado mexicano únicamente describió en el informe complementario los sistemas de recolección de datos sobre casos de violencia de género que han implementado algunas de estas entidades, pero que se han hecho como parte de las acciones que deben cumplir por una solicitud de AVG. Ahora, en julio próximo toca a las expertas de CEDAW evaluar y emitir una serie  recomendaciones al Estado mexicano las cuales deberá atender de forma obligatoria. Para contrastar la información oficial sobre la situación de los derechos de las mexicanas hasta ahora tres organizaciones civiles han presentado informes alternativos a CEDAW, en temas como derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y violencia familiar.