Brasilia-. El destino del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ensombreció anoche cuando seis de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal votaron a favor de que sea arrestado para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción, a tan sólo seis meses para las elecciones.
Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. La decisión del Supremo Tribunal Federal de permitir que una corte de menor instancia obligue al exmandatario a comenzar a cumplir su sentencia arruina su candidatura y sin lugar a dudas generará protestas en un momento de tensiones elevadas en el país.
Fueron 10 horas de largas discusiones. El voto decisivo lo tuvo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cármen Lúcia. Emitió el sexto voto en contra de Lula. A su favor, lo hicieron cinco jueces.
El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública.
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes.
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego.
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición.
El voto de la jueza Rosa Weber fue crucial porque existieron muchas dudas sobre su postura, que, al final, la inclinó en contra del expresidente Lula.
EL VIEJO ÍDOLO
Lula, quien gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre el 2003 y el 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política.
El exmandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un departamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sérgio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado (Lava Jato), el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.
Lula siempre ha defendido su inocencia y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial.
Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado departamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.
Aunque el exmandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado del 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.
