Explicó que aunque las llamadas para desalentar el voto para un candidato son un delito electoral, éstas se “consideran que es una acción de los delitos que se pueden decir no graves y la sanción puede ser de multa o de seis meses hasta tres años de prisión”.
Dijo que en el 2016 y 2017 ya se habían presentado denuncias por este tipo de llamadas, pero que en ese tiempo, la Fepade desistió de la investigación porque “nos fue muy difícil darle seguimiento a las llamadas por ser lugares fuera del país”.
Con información de Bajopalabra.mxTe podría interesar...

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