De acuerdo con Odina de Jesús sus compañeras la avergonzaban y desvalorizaban su cargo frente a sus compañeros de trabajo.
En ese mismo año, agregó, el presidente del TSJE inició un proceso para suprimir una de las tres plazas en su área, donde ella sería la única sin ser ratificada, sin embargo ésta no se aprobó. En 2017 Tum Pérez fue incapacitada por el Instituto de Seguridad Social de Tabasco (ISSET) por una enfermedad en las vértebras.
A su regreso, en 2018, al TSJE se le negó su bono de antigüedad de 30 años como trabajadora del TSJE. El presidente del TSJE alegó que tenía muchas incapacidades, de las cuales se dudaba su autenticidad, y dijo que tenía dos actas contra donde la acusaban de “no hacer una anotación en el cuaderno del Gobierno de Tabasco” y “gritarle a una compañera”, hechos que sucedieron hace 29 años.
Ante ello la abogada interpuso un amparo en el TSJE para que se le pagara lo justo, sin embargo éste sigue en proceso.
Aseguró que con esos dos pretextos el presidente se valió para inciarle un proceso en su contra por faltas administrativas y así poder rescindirla definitivamente del TSJE, el 25 de abril, día que comenzó su huelga de hambre. Ese día, recordó, un notario, del cual desconoce su nombre; su homóloga, Ana Ruth Zurita; y una actuaria, Graciela Jiménez, le entregaron un oficio. La actuaria le dijo: “licenciada me están mandando a notificarle su cese, disculpe”.
No obstante, Tum Pérez afirmó no haber firmado el oficio con el propósito de demandar al TSJE (en un periodo de 30 días) ante el Tribunal Administrativo de Conciliación de Tabasco, acción que presentará esta semana. “Esperaré la respuesta del TSJE a mis demandas, con base en ello tomaré acciones futuras”, precisó.
Todas estos hechos fueron denunciadas por Tum Pérez en diversas instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Tabasco, entre otras, quienes, dijo, se han amparado bajo la excusa de que el presidente del TSJE no quiere recibir sus documentos.
La abogada resaltó que en la anterior administración del TSJE, bajo la presidencia de Rodolfo Campos Montejo, vivió acoso laboral por las actividades que realizaba: elaborar los criterios de las Salas Civiles del Tribunal, en las cuales se evidenciaba la corrupción en el trabajo desempeñado por el ex magistrado, sin embargo –explicó– una vez anulada esta tarea el acoso hacia ella cesó.
Odina Tum Pérez pidió se respeten sus derechos laborales y se le ratifique en el cargo que ostentaba desde hace 16 años, se brinde justicia al caso de su hija y hace un llamado a organizaciones civiles para proporcionen medidas de seguridad pues teme represalias hacia su familia. Además, expresó va a dirigir una carta al director de Bancomer de Tabasco para obtener un plazo en el pago de la hipoteca de su casa, ya que ella es quien solventa los gastos de su hogar.
DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL
El proceso de abuso sexual contra su hija, explicó la abogada, se ha dilatado 4 años en trámites. En 2016 el agresor fue sentenciado a pagar una fianza por abuso sexual, lo que permitió que saliera en libertad. Esta resolución fue gracias a que la jueza, Thelma Elena Lastra Osorio eliminó “el agravante” de la relación de autoridad entre la víctima y el agresor, al decir que “éste no entrenaba a la hija de Tum Pérez”.
Es por ello que la abogada interpuso un amparo en busca de que el proceso se reponga y haya una sentencia justa. El caso ahora está en manos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Tabasco.
Asimismo, comentó, el agresor es de nacionalidad cubana, sin embargo, no se le otorgó su derecho a la asistencia consular cuando fue acusado de abuso sexual, en este caso, explicó Odina de Jesús, es necesario que las autoridades le garanticen servicios de protección consular porque de lo contrario en cualquier momento él puede alegar violaciones al debido proceso y ser absuelto por una irregularidad del TSJE.
Odina de Jesús señaló que esta negligencia, de no darle asistencia consular al acusado, fue cometida por el Ministerio Público y por la jueza del TSJE, Thelma Elena Lastra Osorio, a pesar de que ellos sabían que el acusado no radicaba en México de manera regular, información notificada por el Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco.
De acuerdo con la abogada, el hostigamiento en su contra y su cese laboral se debe a que ha denunciado omisiones e irregularidades de la autoridad.
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