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De esta manera, la justicia de la Unión amparó a Carlos Alberto Moreno Alcántara en contra de la resolución que el 28 de noviembre de 2017 impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con la defensa del panista, el pago de las concesiones otorgadas en el año 2016 se realizó de manera legal y fue reportado a la Secretaría de Finanzas, siendo esa dependencia la responsable de la “desaparición” de dicho recurso.
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