México sigue siendo un país homofóbico, clasista y racista: ProDiana

Oaxaca.-.- De acuerdo con los habitantes de la Ciudad de México, quienes sirvieron de muestra para el estudio, la encuesta realizada en 2017 por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) asegura que nuestro país las personas homosexuales, indígenas y de piel morena son quienes más padecen discriminación. Lo anterior es contrastado por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2010), emitida por el Consejo Nacional para Eliminar la Discriminación (CONAPRED). En ella se expresa el desamparo que experimentan las personas transexuales y transgénero, quienes son discriminados de manera en ocasiones mucho más violenta que aquella que padecen las lesbianas o los gays. No obstante, el CONAPRED admite que este tipo de discriminación aún no está debidamente identificada y cuantificada en las encuestas. De acuerdo con esta instancia, las personas transgénero, travestis y transexuales “pertenecen a una de las poblaciones que más se enfrentan a diversas formas de la discriminación debido, entre otras cosas, a la falta de certeza jurídica, lo cual las convierte en indocumentadas, y sobre ellas recae el estigma en torno a su identidad de género. Diana Sánchez Barrios, presidenta de la organización civil ProDiana, organismo que defiende los derechos de las personas LGBT+ en México, asegura que la población trans mexicana se enfrenta a un “viacrucis” al momento de denunciar agresión o discriminación, dado que casi siempre los servidores públicos cometen actos discriminatorios y violentos. Esto ha orillado a las personas trans a no denunciar por miedo a represalias o agresiones físicas y/o verbales. Son doblemente discriminadas, por un lado padecen la violencia cotidiana y cuando quieren denunciar ante los organismos correspondientes, los funcionarios las agreden, las ofenden y en varios casos ni siquiera procede la queja reconoce Sánchez Barrios. La totalidad de las demandas interpuestas durante el periodo de 2014 a 2017 (tres años) no han sido solucionadas. En muchos casos, según las autoridades no existen elementos suficientes para tachar de agresiones actos intimidatorios por parte de las autoridades.