Insta Defensoría a autoridades a generar una nueva relación con los pueblos indígenas

  · Respeto a derechos de comunidades indígenas, necesario para desarrollo Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que se respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas, especialmente su derecho a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos tradicionales, que en un país como México, y especialmente en el estado de Oaxaca, son derechos fundamentales para mantener la paz social y lograr un desarrollo sostenible en toda la entidad. Para el organismo defensor es urgente crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación, que permita reivindicar la deuda histórica que nuestra nación tiene con ellos, dada la exclusión y abandono en el que se les ha mantenido; esa nueva relación sólo se logrará con medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de la estructura federal, estatal y municipal. Al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el organismo defensor indicó que los pueblos originarios en Oaxaca históricamente han estado en situación de vulnerabilidad por razones de origen étnico, lo que ha provocado que un porcentaje importante de la población indígena se enfrente a situaciones de pobreza, discriminación y exclusión; por ello, es urgente que el Estado garantice plenamente a las comunidades indígenas el goce de sus derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Oaxaca explicó que la garantía de derechos a pueblos indígenas pasa por la necesidad de armonizar la Constitución Política de la República Mexicana para la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios reconocidos en diversos instrumentos internacionales como la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos indígenas. La institución autónoma detalló que un punto importante de las reformas en materia de protección a los derechos de los pueblos originarios es la incorporación de una visión intercultural que permita promover entre las instituciones y la sociedad la importancia que tiene la participación y opinión de las comunidades indígenas con respecto a la implementación de diversos proyectos dentro de sus territorios, como los que se pretende aplicar en la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec. Para lograr esto, será fundamental que se legisle a nivel federal en materia del derecho a la consulta y consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos indígenas como un mecanismo que ayudará a construir acuerdos, al realizar proyectos productivos, que favorezcan a las comunidades y no solamente a empresas, recalcó el organismo defensor. La Defensoría de los Derechos Humanos recordó que la relatora de la ONU para los derechos de los pueblos originarios, Victoria Tauli Corpuz, señaló en su informe sobre México que el modelo de desarrollo promovido por la reforma energética tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Añadió que en México existe una brecha entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Dicha coordinación, según expone la especialista en su informe, sería útil para tratar diversos problemas en este ámbito, especialmente los que se encuentran dentro del marco jurídico, político e institucional en materia de protección a los derechos indígenas en temas de territorio y recursos naturales, que permitan que los pueblos originarios de México ejerzan su libre determinación, su participación política y tengan acceso a la justicia. La Defensoría oaxaqueña de los Derechos Humanos destacó que en la entidad los pueblos originarios han mantenido una larga lucha por encontrar un reconocimiento pleno a sus derechos, y la institución autónoma coadyuva en el tema, como por ejemplo, en el proceso de consulta a 16 comunidades del Valle de Ocotlán y Zimatlán que busca modificar al decreto presidencial de 1967 que impone la veda del acuífero en esa región. La Defensoría resaltó que su labor dentro del proceso de consulta es observar que se garanticen todos los elementos necesarios para el diseño, implementación y seguimiento de la consulta, y con ello, evitar posibles violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades originarias, pues este mecanismo de participación comunitaria, además de ser un derecho, es una herramienta que permitirá establecer un diálogo intercultural, así como la adopción de medidas democráticas y respetuosas de los derechos colectivos. La institución autónoma destacó que los pueblos originarios necesitan una atención integral que atienda a la diversidad cultural y promueva el respeto a la diversidad; por ello, se requiere que en las políticas públicas haya una visión pluricultural que permita que las acciones sean culturalmente adecuadas y con enfoque de derechos humanos, así como sin discriminación.