Compra y coacción de votos

Jorge Alcocer V. Oaxaca.-Era 1985, en Oaxaca tenía lugar elección local, por radio un diputado de izquierda denunció que el PRI estaba pagando 500 pesos por voto. A los pocos minutos me llamó el gobernador para pedirme desmentir el rumor, afuera de las oficinas del PRI se habían reunido decenas de personas pidiendo su pago. Lo usual en aquellos tiempos era la entrega a las familias de las colonias populares y zonas rurales de los obsequios llamados utilitarios, con el emblema del partido y el nombre del candidato. En las áreas urbanas, camisetas, gorras, bolsas para mandado, juguetes, útiles escolares, cosas útiles y baratas. En las zonas rurales se repartían despensas con bienes de primera necesidad (aceite, frijol, arroz, pasta, azúcar, atún o sardina), esa era la base del intercambio, unas más generosas que otras, dependiendo del partido o candidato. Fue en el ámbito rural en el que las cosas se empezaron a complicar por la competencia del quién da más; a la despensa se agregaron el cemento, la varilla, arena, otros materiales de construcción; luego vinieron los electrodomésticos, bicicletas y otros bienes ya no de primera necesidad y de mayor precio, lo que requirió del apoyo de autoridades municipales, luego estatales y así la cadenita subió hasta llegar al centro de mando de la Política Social, la Sedesol. Para las campañas de 2006 el gasto era ya apreciable; a las dádivas directas de los partidos, que aunque gastaban mucho para comprar spots de TV y radio guardaban para los repartos en tierra, empezó a sumarse el uso de programas sociales como medio para la coacción del voto. Las dependencias públicas perdieron transparencia en el manejo de los padrones de beneficiarios, que empezaron a registrar incrementos asociados de manera obvia a la coyuntura electoral, mientras que se creaban nuevos programas con abierta intencionalidad electoral. En los estados y el DF, sin distingo de partido, la reacción fue en igual sentido y las Secretarías de Desarrollo Social, o equivalentes, crearon sobre las rodillas sus programas de temporal electoral, que a su vez bajaron al ámbito municipal. Regalar, inscribir, adelantar beneficios de programas sociales, dar tarjetas de débito con saldo prepagado; condicionar la permanencia en el padrón de beneficiarios o ser retirado del mismo se convirtieron en prácticas comunes, al igual que la entrega de beneficios de programas sociales en actos masivos con abierto formato de precampaña. Por eso fue que en 2007 se llevó al artículo 134 de la Constitución la obligación de imparcialidad de los servidores públicos en el uso y asignación de los recursos a su cargo, sin influir en la competencia entre partidos. Más de una década después el Congreso de la Unión sigue sin emitir la ley reglamentaria ni ha reformado la de Desarrollo Social, la imbricación entre campañas y uso de los recursos de programas sociales alcanzó en el Estado de México, el año pasado, niveles de escándalo, con altos mandos de Los Pinos involucrados de manera abierta en los eventos de coacción a los electores por dependencias federales y estatales. Ese fue el extremo, antes lo habíamos visto en el DF, Puebla, Guanajuato, Morelos, Chiapas y muchos lugares más. Nadie se salva. Mientras tanto, como si nada ocurriera, el presidente del INE firmaba el blindaje de programas sociales con el titular de Sedesol. Tres medidas pueden adoptarse para atender y orientar a los que votan en el segmento marcado por la pobreza: exigir a los gobiernos suspender todo acto masivo de entrega de recursos de programas sociales; suspender todo movimiento de alta o baja en los padrones de beneficiarios, y hacerlos transparentes. Por radio y TV el INE puede difundir mensajes para desalentar las nocivas prácticas de coacción sobre el electorado pobre, explicando que recibir dádivas, sea de partidos o de gobiernos, no compromete el voto. Pedirle a los compatriotas que no acepten la despensa es un exceso. El de los pobres no es un voto de menor calidad; como los demás, se cuenta, no se pesa.