| | Oaxaca de Juárez |
Miércoles 15 de julio, 2026.
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Lilia TORRENTERA G.
Oaxaca.- Con el objetivo de erradicar la indiferencia gubernamental frente al descontento ciudadano, la diputada Irma Pineda Santiago, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso del Estado de Oaxaca una iniciativa de reforma constitucional de impacto social..
La propuesta busca obligar legalmente a las autoridades estatales a atender y resolver de fondo las demandas de toda manifestación pacífica, terminando con la práctica de administrar el caos vial, resguardar oficinas públicas o apostar al cansancio físico de los manifestantes como estrategia de contención.
La iniciativa propone adicionar los párrafos séptimo y octavo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 30 de la constitución local, la legisladora argumentó en su exposición de motivos que detrás de cada marcha, plantón o movilización existe una causa legítima, un trámite inconcluso o un derecho vulnerado que no encontró respuestas oportunas a través de los canales institucionales ordinarios de atención.
Pineda Santiago denunció una marcada asimetría en el actual modelo de gobernabilidad, señalando que las instituciones estatales han desarrollado sofisticados protocolos, sistemas de monitoreo y despliegues policiales para vigilar y contener la protesta social, pero carecen de una obligación jurídica para movilizar con la misma velocidad a funcionarios competentes para resolver los conflictos.
De acuerdo con la diputada, un Estado no puede considerarse democrático simplemente por el hecho mínimo de no reprimir con fuerza física a la ciudadanía inconforme.
El corazón de esta reforma propone transitar de un modelo de mera tolerancia hacia un esquema de responsabilidad pública obligatoria. La legisladora enfatizó que estrategias comunes como cortar servicios básicos en los puntos de manifestación, colocar obstáculos físicos o prolongar deliberadamente la espera para desgastar la movilización social constituyen una forma de abandono de la responsabilidad estatal, la cual debe ser proscrita de la actuación del poder público en Oaxaca.
La propuesta legislativa aclara que atender la protesta no significa ceder automáticamente ante peticiones que puedan resultar técnica o presupuestalmente inviables, sino cumplir con la obligación de escuchar a los inconformes, explicar las razones públicas y construir rutas de solución conjuntas.
Este esquema de atención inmediata pretende evitar que las protestas se prolonguen indefinidamente, protegiendo también los derechos de terceros al reducir de manera natural el tiempo de afectación al libre tránsito, el comercio y las actividades cotidianas.
El proyecto de decreto establece que, ante cualquier expresión colectiva de inconformidad, los encargados de la administración pública estatal tendrán el deber irrenunciable de activar en tiempo real mecanismos de atención, diálogo y seguimiento verificable.
La reforma busca impedir que la protesta continúe siendo tratada como un acontecimiento temporal que se deba administrar hasta su desaparición, asumiendo que un conflicto no se soluciona liberando una vialidad, sino extinguiendo de origen el motivo de la queja.
Finalmente, la adición planteada al artículo 19 constitucional prohíbe explícitamente al Estado realizar cualquier acto material o administrativo diseñado para hostigar, desgastar o inhibir la manifestación pacífica.
VIDEO: Argumentación de la diputada Irma Pineda
De ser aprobada por el Pleno de la legislatura oaxaqueña, esta reforma sentará un precedente histórico al obligar a los servidores públicos a comparecer desde el primer momento ante la ciudadanía en las calles, priorizando la mediación y el diálogo abierto como el único camino legítimo para la gobernabilidad democrática.
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