Vigentes, irregularidades en sexenios de Cué y Murat: SHTFP

Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- La administración estatal de Oaxaca arrastra un boquete financiero de 4 mil 437 millones de pesos que permanece sin solventar  desde las dos últimas gestiones gubernamentales, argumento  Leticia Elsa Reyes López, titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, durante su comparecencia ante la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado.

Ante el pleno legislativo, volvió a señalar  que a diez años de su mandato,  el ex gobernador Gabino Cué aún adeuda la comprobación de 1 mil 103 millones mientras que Alejandro Murat, mantiene un registro de inconsistencias financieras por  3 mil 334 millones de pesos a tres años  de concluir su mandato  como gobernador priísta y convertirse en senador de MORENA-

En el marco de la glosa del tercer informe del gobernador Salomón Jara Cruz, la funcionaria contrastó estas cifras con el desempeño actual, señalando que de los 915 millones observados en la presente administración, el monto pendiente es de 385 millones que ya se encuentran en proceso de solventación.

Reyes López hizo especial énfasis en la pulcritud del gasto actual al informar que, tras la revisión de la Cuenta Pública 2024 por la Auditoría Superior de la Federación, solo el 0.12% del monto auditado recibió observaciones, lo que significa que por cada cien pesos ejercidos, únicamente doce centavos fueron objeto de señalamientos.

La política de combate a la impunidad ha derivado en acciones legales contundentes, según el reporte presentado a la Sexagésima Sexta Legislatura.

En el periodo correspondiente al año 2025, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción sancionó a 16 ex servidores públicos y a un contratista por faltas graves, imponiendo un total de 147 años de inhabilitación acumulada y ordenando el reintegro de 44.8 millones de pesos al erario público por concepto de sanciones económicas, aunque no aclaró si se trata de servidores público de la actual administración o de otros sexenios gubernamentales.

Reyes López informó que la actividad de vigilancia se ha intensificado con el inicio de 316 procedimientos de responsabilidad administrativa, lo que representa un incremento del 127% en comparación con el año anterior.

Esta labor de fiscalización se ha traducido también en el terreno penal, pues la dependencia ha interpuesto 118 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entre 2023 y 2025, abordando irregularidades en procesos de licitación, adeudos al ISSSTE y la entrega del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Finalmente, la secretaria destacó como un hito institucional la resolución que invalidó la constitución de un sindicato que operaba al margen de la ley.

Según la funcionaria, este acto ejemplifica una lucha contra la corrupción sin excepciones ni distinciones de nivel jerárquico, reforzada por la ejecución de 211 sanciones administrativas que incluyen desde amonestaciones privadas hasta suspensiones directas del empleo para aquellos que han vulnerado la ética pública.