Abundó que derivado de la reforma energética, los precios al público de este insumo se liberaron a partir de enero de 2017, por lo que el costo que pagan los consumidores debe determinarse por las condiciones de oferta y demanda.
“Ante la liberación, actualmente cada región tiene un precio que es definido por los distribuidores, bajo el argumento de cubrir los costos del gas, transporte y logística. Existen denuncias de que las compañías proveedoras se han coludido para aumentar indiscriminadamente los precios, por lo que se requiere de la acción de las autoridades para investigar y en su caso sancionar a quienes cometan este tipo de prácticas”, explicó.
Martínez Neri detalló que en algunos estados de la República el aumento ha sido excesivo, “tal es el caso de Baja California Sur donde se vendió en un máximo de 19.3 pesos por kilo, cifra que representó un aumento del 33.6 por ciento”.
En Quintana Roo, dijo, se registraron precios de hasta 18.6 pesos por kilo, que significó un alza de 36.5 por ciento; en la Ciudad de México el energético se vendió en un máximo de 15.6 pesos por kilogramo, casi 20 por ciento más; mientras que en el Estado de México la cotización oscila en 16.3 pesos, equivalentes a un aumento de 23.4 por ciento.
“Los estados más afectados, según cifras del órgano regulador muestra que, además de Baja California Sur y Quintana Roo, son Yucatán, Durango, Sinaloa y Michoacán, toda vez que el incremento del energético oscilo de 16.8 a 19.3 por ciento”, ahondó.
Ante este panorama, indicó el diputado del sol azteca, es necesario exhortar al titular de la Comisión Reguladora de Energía, para que haga del conocimiento público las acciones administrativas y regulatorias emprendidas ante el prolongado incremento del gas LP.
Asimismo, añadió, solicitaré a la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a iniciar una Investigación sobre la eventual colusión entre las compañías proveedoras de gas LP en el territorio nacional.
Refirió que “también pediré al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer públicas las acciones instrumentadas para vigilar y frenar presuntos abusos en el precio, que sin duda han impactado negativamente en el bienestar de millones de consumidores”.Te podría interesar...

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