CIMACFoto: César Martínez López[/caption]
Revictimizadas, tratadas como delincuentes, no se toma en cuenta los antecedentes de violencia que han vivido y en su caso, denunciado. Como Diana quien pese a haber denunciado la violencia y la privación de la libertad que vivió a manos de su agresor, no fueron elementos considerados al momento de su detención.
EXPEDIENTE Y PROCESO
La versión de los hechos asentada en el expediente solo menciona que ambos habían tomado y que después Diana mató a su agresor. El contexto de violencia que ella vivió durante los años de matrimonio no aparece, dijo en entrevista con Cimacnoticias la asesora Jurídica del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, Elda Estela Sánchez Canto.
En diciembre de 2017 la abogada tuvo acceso al expediente, cuando el Observatorio consideraba darle el acompañamiento al caso y apelar la sentencia, sin embargo debido a la falta de recursos económicos para trasladarse a Chetumal, que queda a unas 6 horas de distancia, no pudieron continuar.
En la revisión que hizo del expediente, Sánchez Canto encontró violaciones procesales que perjudicaron el caso.
“El Ministerio Público de Chetumal no acreditó correctamente el tipo penal de homicidio. Los elementos de prueba que ofreció fueron insuficientes y contradictorios”, afirmó.
Explicó que las periciales que el Ministerio Público presentaba como pruebas de homicidio eran contradictorias con el relato de la denuncia. Diana contó con una defensa inadecuada, por lo que fue sentenciada a 9 años de cárcel.
No conforme con ello, la familia de su agresor pidió una sentencia mayor, por 40 o 50 años. Ellos interpusieron un amparo directo y la cantidad de reparación de daños se incrementó, la sentencia también, a 21 años y 3 meses.
Sin apelación Diana podría obtener su libertad a mediados del año 2032, cuando tenga 70 años de edad.
“Resulta que tenía que estar muerta para ser inocente”, lamenta Diana, quien espera que una organización o alguna abogada o abogado tome su caso y le ayude en su defensa, aunque, dice, no contar con recursos para pagar de su bolsillo porque los pocos con los que contaba ya se los gastó en un abogado que ofreció ayudarla y del que no sabe nada desde hace 5 meses.
La abogada del Observatorio en Campeche, Sánchez Canto, afirmó que si la organización contara con los recursos para tomar el caso harían todo lo posible porque Diana quedara en libertad.
ESPERA
La familia del agresor ya amenazó a Diana, le dijeron que cuando salga libre la van a matar. A su hermano le han chocado el auto, lo asaltaron y golpearon, todo para vengarse de ella.
En una ocasión, recuerda, pagaron a una mujer en prisión para que la golpeara pero no lo lograron porque Diana ya se había ganado su amistad.
“Como no tuve hija, yo la veía como si lo fuera. La quería mucho y nadie la quería a ella. Ella me defendió. Se fue hace mucho.”
Desde noviembre del año pasado que no ve a su mamá quien ya es una persona mayor y no puede desplazarse. Sus tres hijos tampoco viven cerca. Su hijo mayor vive en los Estados Unidos y está casado, su esposa está embarazada, Diana espera a su primer nieto. Por ellos, dice, continuará luchando.
“Sólo quiero hacer lo que realmente se pueda hacer y aceptar lo que Dios disponga,” dijo. “Pero quiero luchar de pie y no morir de rodillas.”
Al igual que ella miles de mujeres en toda la República mexicana en lugares como Campeche, la Ciudad de México y Chihuahua son acusadas de homicidio doloso después de defenderse y luchan por su libertad para reunirse con sus familiares.
Es imposible saber exactamente cuántas mujeres se encuentran en reclusión después de defenderse de un atacante ya que las Fiscalías estatales sólo registran estos casos como homicidio doloso.
Abogadas expertas como Sánchez Canto aseguran que la falta de cifras oficiales y el número de casos de legítima defensa no reconocida que llegan a sus despachos, evidencian la corta vista de las autoridades al no considerar el contexto de violencia que rodea estos casos.
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