Red Nacional de Periodistas condena violencia contra reportera de Veracruz

Oaxaca.-La Red Nacional de Periodistas condenó las agresiones del diputado local de Veracruz por el Partido Acción Nacional, Basilio Picazo Pérez, quien, sostienen, de manera reiterada y constante “ha incurrido en expresiones misóginas y violentas contra las reporteras que cubren la fuente del congreso local, por lo que exigieron que se investiguen estos actos por las autoridades competentes y se proceda conforme a la ley. En un pronunciamiento dirigido al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, al congreso del estado de Veracruz, y a la Comisión de Atención y protección de periodistas, se refirieron al hecho ocurrido ayer en la sede del congreso estatal, cuando en respuesta a una entrevista que le realizaba la reportera Rosalinda Morales, el legislador panista alzó la voz y la increpó descalificando entre insultos, su desempeño, advirtiéndole que si no le parecía su tono y actitud “mejor no lo entrevistara”. Las integrantes de la Red manifestaron que el diputado Picazo Pérez “ha mostrado este tipo de conductas de manera comprobada solo con las mujeres periodistas, no así con los varones, por lo que es claro que incurre en violencia machista y misógina” que ejerce desde su rango de funcionario e integrante del poder legislativo de Veracruz. Agregaron que las actitudes como las del diputado Picazo Pérez forman parte de las condiciones amenazantes detectadas y consignadas por los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de Observaciones Preliminares con motivo de su visita a México (a finales del año pasado) donde se detectó un incremento exponencial de los ataques contra mujeres periodistas como acoso, ataques físicos o conductas infantilistas por parte de autoridades masculinas, como ocurre en este caso. Hicieron un llamado al diputado a poner fin a esta conducta con las periodistas que cumplen con su labor de informar, y al Congreso del estado y al gobernador de la entidad, para que en congruencia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se pronuncian contra dichas acciones y las sanciones para evitar que se repitan.