El Centro Pro informó que la CIDH dio la razón a las familias de los mineros atrapados debido a que, el organismo continental observó que “luego de 12 años de ocurridos los hechos, no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros” y ante el argumento del Estado mexicano en el sentido de que los familiares debían promover más recursos internos, la CIDH destacó que “al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado y no los familiares quienes tienen el deber de impulsar el proceso”.Te podría interesar...

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