
Lilia TORRENTERA G.
Oaxaca.- La Presa Mujer Solteca, el megaproyecto hídrico más ambicioso del gobierno de Salomón Jara Cruz vive momento de tensión con la sociedad civil organizada por los amparos interpuestos por presuntas violaciones las leyes ambientales y de derechos de los pueblos indígenas pues mientras el Ejecutivo estatal presentó avances en la consulta a comunidades de la Sierra Sur, un juez federal ordenó la semana pasada la suspensión provisional de las obras, poniendo en entredicho el futuro inmediato de una obra que promete agua para décadas pero que arrastra serias dudas ambientales y jurídicas, principalmente por los antecedentes de la empresa GAMI, Ingenierías e Instalaciones S.A. de C.V que ha ganado la licitación, ligada a obras del Tren Maya y altos costos de esta presa.
El gobierno dice que las comunidades dijeron sí
En conferencia de prensa, el gobernador Jara Cruz presentó los resultados de un proceso de diálogo con autoridades municipales y agrarias de Yogana, Villa Sola de Vega y Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo —los tres municipios por donde cruzará el acueducto—, quienes ratificaron este fin de semana su aval para que los gobiernos federal y estatal avancen con la construcción de dicha presa.
VIDEO: Defensa del Gobernador Salón Jara de ka presa Mujer Solteca
Fue el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quien sostuvo que las reuniones se realizaron conforme a la ley, se resolvieron las dudas y el respaldo fue unánime.
Dijo que en estas consultas participaron la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Comisión Nacional Nacional del Agua (Conagua) está última, encabezó las mesas de trabajo.
Indicó que esta segunda consulta, fue para contar con la autorización de las comunidades para la contrucción del acueducto de la presa, en tanto que la consulta realizada por CONAGUA el 25 de septiembre pasado, obedeció a consultar sobre la construcción de la cortina de la presa Mujer Solteca y fue únicamente a el pueblo de Sola de Vega.
Respecto al amparo interpuesto por el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente (OCCAMA), una coalición que agrupa a 28 organizaciones sociales y académicas y que fue otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito cediendo una suspensión provisional, fue el Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Segrero explicó dicho procedimiento, anunciando que ya se han presentado las pruebas y documentos necesarios que avala el cumplimiento de cada una de las argumentaciones presentadas por los promoventes del amparo.
La resolución obliga a la Conagua, a la Semarnat y a la Ceabien a detener el desarrollo de la obra por carecer de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y por no promover mecanismos efectivos de participación pública. La notificación se hizo efectiva el 15 de junio.
No es el único amparo ya que el 12 de junio, el artista plástico Markoa Vásquez promovió un juicio de amparo federal con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena, organización civil especializada en derechos indígenas y recursos naturales, solicitando la suspensión provisional y definitiva del proyecto para evitar afectaciones de difícil reparación sobre el medio ambiente, los recursos hídricos y los territorios indígenas.
Pese a la suspensión judicial, el gobernador expresó su confianza en que el proyecto podrá continuar su desarrollo e indicó que la administración estatal cuenta con elementos para sustentar la legalidad del proyecto.
Lo cierto es que el litigio apenas comienza. Mientras el gobierno presume el aval comunitario como prueba de legitimidad, los tribunales federales deberán resolver si ese proceso de consulta cumplió realmente con los estándares que exige la ley.
De esa resolución dependerá el futuro de la obra hídrica que ha sido cuestionada por organizaciones civiles como la más costosa y más controvertida de Oaxaca en décadas.
Uno de los argumentos centrales de los opositores al proyecto es la opacidad financiera. Aunque el Gobierno Federal anunció una inversión de 15 mil 944 millones de pesos para la construcción, los documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones en costos de operación y 4 mil 304 millones en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028.
Integrantes del OCCAMA señalaron además que las consultas a las comunidades indígenas no se realizaron conforme a la ley, pues no fueron "libres e informadas", y que al no contar con la manifestación de impacto ambiental el proyecto no debió continuar, ya que ese documento indica cuáles son los impactos ambientales y cómo deben ser mitigados, o bien si la afectación sería tan grande que la obra no debería llevarse a cabo.




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