Después de casi 20 años, fue posible construir este nuevo instrumento el cual representa información más desagregada, específica y precisa, es decir, más y mejor información, por lo que no implica un cambio en la magnitud ni en la tendencia de la incidencia delictiva total.
Entre las ventajas más importantes, destacan:
ü Ofrece una mayor desagregación de los delitos, de 22 a 53 delitos, agrupados en 7 bienes jurídicos afectados: la vida y la integridad corporal; la libertad personal; la libertad y la seguridad sexual; el patrimonio; la familia; la sociedad; y otros bienes jurídicos afectados.
ü Al incrementar en más del doble las categorías de delitos se dispone de información delictiva más desagregada y precisa. Esto permite reducir la anterior categoría de “otros delitos” en un 67 por ciento. Dentro de las nuevas categorías destacan: feminicidio, narcomenudeo, violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, hostigamiento sexual, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, corrupción de menores, trata de personas, medioambientales y falsificación.
ü Se basa en la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos del INEGI, la cual es una clasificación estructurada, estandarizada, consistente y compatible a nivel nacional e internacional.
ü Amplía la información sobre víctimas para un mayor número de delitos; es decir, además de homicidio, secuestro y extorsión, ofrece datos de víctimas para los delitos de lesiones, feminicidio, tráfico de menores, rapto, corrupción de menores y trata de personas.
ü Ahora, la información sobre víctimas se presenta de manera desagregada por sexo y dos grandes grupos de edad: menores y mayores de 18 años.
ü Ofrece una mayor precisión en la información, ya que establece la forma de comisión del delito (doloso y culposo), los elementos de la comisión (con arma blanca, con arma de fuego, en accidente de tránsito) y la forma de acción (con violencia y sin violencia).
El esquema metodológico con el que ahora se trabajará es resultado de un amplio proceso de socialización y esfuerzo en el que participaron organizaciones de la sociedad civil, la academia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Procuraduría General de la República, procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.
Lograr una adecuada transición hacia la nueva metodología, implicó que se capacitaran a cerca de nueve mil agentes del ministerio público a nivel nacional y se dio apoyo a las Áreas de Análisis y Estadística de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia para el fortalecimiento de sus capacidades para la integración y reporte de información al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).Te podría interesar...

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