En la audiencia que se celebró el pasado 21 de mayo, se constató nuevamente que el software Pegasus comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia. Asimismo, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.
Tras escuchar los argumentos de las víctimas y de la PGR, el Juez determinó revocar la negativa de la PGR, exigiéndole la admisión de las pruebas ofrecidas por las víctimas por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación. A partir de esta resolución, la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron.
Además, la PGR solicitó al juez la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella. El juez denegó la solicitud.
La resolución del Juez es relevante pues demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una Procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad.
Reiteramos la exigencia de que se incorpore un panel de expertas y expertos independientes que den garantías de imparcialidad y solidez técnica. Así como el llamado a los candidatos para que se pronuncien sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje. En un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.Te podría interesar...

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